Austin
Entra en vigor la regla de la ley SB8 que restringe el uso de baños a comunidad trans
La ley SB 8, que obliga a usar baños, vestidores y otros espacios públicos según el sexo asignado al nacer, entra en vigor en Texas. Críticos advierten sobre posibles hostigamientos y confusión para la comunidad transgéner
La ley SB8, que obliga a que todas las personas usen baños y otros espacios públicos según su sexo asignado al nacer, entra en vigor este jueves 4 de diciembre de 2025 en Texas.
Esta nueva norma ha generando preocupación entre organizaciones civiles y la comunidad transgénero.
Los legisladores republicanos que promovieron la medida argumentan que busca garantizar espacios más privados y seguros, mientras que críticos advierten que la ley podría generar confusión, hostigamiento y discriminación contra personas trans y no binarias.
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La norma obliga a que todas las personas usen baños, vestidores y otros espacios privados en edificios públicos según su sexo asignado al nacer, incluyendo escuelas, universidades, bibliotecas y agencias estatales.
La ley incluye algunas excepciones, como permitir la entrada a baños del sexo contrario en casos de emergencias médicas, trabajos de limpieza o mantenimiento, acompañamiento de menores de nueve años y asistencia a personas que necesiten ayuda.
Sin embargo, empresas privadas como restaurantes o tiendas no están sujetas a la SB8 y pueden establecer sus propias reglas.
¿Por qué ha generado polémica?
Uno de los principales puntos de controversia es cómo se aplicará la ley. Aunque las instituciones deben tomar “todos los pasos razonables” para asegurar que la gente use el baño correspondiente, hasta ahora no se especifica qué medidas serán necesarias.
Se ha mencionado la posibilidad de verificación de identificaciones o inspecciones, aunque legisladores consideran que serían extremos.
¿Cuáles son las sanciones en caso de no cumplirse?
La responsabilidad recae en la institución y no en la persona que usa el baño. Cualquier residente de Texas puede reportar una violación por escrito; la agencia correspondiente tiene tres días para corregirla.
Si no lo hace, la Oficina del Fiscal General puede multar a la institución con 25,000 dólares por la primera falta y hasta 125,000 por cada día que continúe la violación.
Con información de: Univisión