El titular de la Consejería y Servicios Legales del Gobierno capitalino, Néstor Vargas Solano, negó que las observaciones a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI pretendan suspender beneficios que están consagrados en la Ley de Salud y otras normas y, por el contrario, “buscamos reforzar conceptos que beneficien a estos grupos ciudadanos”, afirmó.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, el funcionario destacó que, prueba de ello, es que desde septiembre del 2020 anunciaron la construcción de la “Clínica para la Atención Integral de Personas Trans”, con una inversión de 18 millones de pesos, “con la premisa de pleno reconocimiento a la diversidad sexual, así como con la lucha contra la discriminación en sus distintas formas”, dijo.
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Sostuvo con esta obra, el Gobierno capitalino pretende ejemplificar su compromiso con la garantía de acceso a la salud, “sin restricciones motivadas por ningún tipo de discriminación, incluyendo a las personas LGTTTI, tengan o no seguridad social”, señaló.
Por ello, insistió que las observaciones a dicha norma son para corregir diversas disposiciones que benefician a la comunidad Lésbico, Gay, Transgénero, Trasvesti, Transexual e Intersexual (LGTTTI), donde el actual decreto, además de preferencias, crean mayor burocracia y conllevan un reto financiero.
Explicó que la Ley de Salud, establece carear programas de atención especializada a la salud de las personas trangénero y transexual, “mediante el suministro de hormonas, apoyo psicoterapéutico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico en materia de ITS y VIH- SIDA”, sostuvo.
“Son obligaciones que conllevan un reto financiero, económico y operativo que, previo a su aprobación, es necesario cuantificarse para determinar su sustentabilidad, ya que su ejecución implica necesariamente un impacto presupuestario no previsto”, establece la fracción V, del artículo 23 de dicha ley
Aceptó que luego de un profundo análisis al Decreto, “es para mejorar el marco jurídico y de cumplimiento a los principios proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, por lo que es necesario efectuar algunos ajustes para que beneficien a todos los capitalinos”, destacó.
Incluso, en la fracción VII de la misma norma, que la jefa de Gobierno mandó observaciones al Congreso local, destaca: “Es sumamente delicado, ya que implica a menores intersexuales, donde no se ha determinado procedimientos, tratamientos, terapias y/o modificaciones quirúrgicas, que pudiesen elegir por su capacidad de decisión, lo cual armoniza con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
Por ello, Vargas Solano insistió que para el Gobierno capitalino, “la comunidad LGTTTI es uno de los grupos de atención prioritaria, por lo que ha determinado medidas para eliminar progresivamente las barreras, que impida la realización plena de sus derechos, pero sin afectar a otros grupos de atención prioritaria”, reiteró.
Por ello, “sugiere” armonizar, cambiar, ajustar diversos artículos de dicha ley y hasta de redacción de varios artículos, pues los diputados locales, concretamente a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en algunos puntos “olvidaron” hasta cambiar el nombre Distrito Federal por el de Ciudad de México o considerar “Gobierno” a todas las dependencias, sin considerar que algunas son autónomas.
De allí que aceptó que mandó al Congreso local 18 observaciones, entre las que destacan eliminar la fracción II, del artículo 7, “pues si bien representa un avance para las personas LGTTTI, al mismo tiempo podría considerarse una medida discriminatoria para los demás grupo prioritarios”.
Lo mismo que la fracción V, del artículo 4; eliminar la fracción II, del artículo 7; y la fracción VIII, del artículo 9; y precisar la redacción del artículo 10; adecuar los artículos 19, 20, 21, 22 y 24, por considerar que podrían ser medidas discriminatorias para los demás grupos de población.
De igual forma, propone modificar los artículos 25, 27, 28 y el título Tercero, que se refiere a la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual (UNADIS) para mejorar su funcionamiento.
“Lo anterior, con la intención de brindar un marco jurídico claro y preciso, que otorgue certeza y seguridad jurídica; siempre acorde al respeto irrestricto a la forma de Gobierno republicano, democrático, representativo, laico y popular, bajo el sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social…”, destaca el texto y que ratificó Vargas Solano. Con información de El Universal.
