La Junta General del Principado de Asturias aprobó este miércoles su ley LGTBI tras recibir el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios y el voto en contra del grupo Vox, una decisión legislativa orientada a garantizar la protección legal de los derechos de la diversidad sexual en la región.
Según información reportada por el diario El País, el colectivo Xega celebró la adopción del texto tras siete años de tramitación parlamentaria, manifestando que con esta medida “Asturias deja de ser una anomalía [en España]”.
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, destacó el avance pero advirtió que persiste una comunidad autónoma donde los ciudadanos del colectivo “no tienen reconocidos sus derechos en competencias tan importantes como educación o sanidad: Castilla y León”.
Iglesias remarcó además que “la única comunidad que a día de hoy sigue sin tener una ley LGTBI+ o trans autonómica lleva gobernada por la derecha conservadora desde 1987”.
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Ámbito de aplicación y medidas educativas
La normativa asturiana establece un catálogo de sanciones administrativas frente a actos discriminatorios por motivos de género u orientación sexual y prohíbe el desarrollo de las llamadas terapias de conversión en los centros de salud públicos y concertados.
En materia educativa, la ley obliga a las instituciones escolares públicas y concertadas a activar protocolos contra el acoso por lgtbifobia y a reconocer el nombre y la identidad elegida por el estudiantado. Adicionalmente, el texto incluye disposiciones específicas para la población rural con el fin de evitar el desplazamiento de residentes fuera de sus municipios por causas de intolerancia.
Sobre la efectividad de las medidas, desde la organización Xega sostuvieron a través de un comunicado emitido tras la votación que el impacto de la ley “dependerá de que se dote de recursos suficientes, se implemente con rigor y llegue de forma efectiva a todos los pueblos y ciudades de Asturias”.
La agrupación añadió que el marco legal “crea una situación de igualdad real y efectiva en derechos para toda la ciudadanía asturiana y articula la formación para personal público en todos los ámbitos”.
El dictamen definitivo contó con el voto favorable de los grupos de la Cámara autonómica, excepto por la negativa de la bancada de Vox. Los representantes del Partido Popular y de Foro Asturias respaldaron la iniciativa, calificándola el diputado popular Manuel Cifuentes como “necesaria” y argumentando su voto “por responsabilidad”.
Durante la fase de enmiendas y debate del proyecto de ley, las bancadas conservadoras lograron la inclusión del requisito del consentimiento familiar obligatorio para los procesos de transición en menores de 16 años, además de limitaciones en los procedimientos de adecuación de nombre y género para la población menor de edad.
