El colectivo LGTBI reclamó el 29 de septiembre un acto formal de perdón y el reconocimiento público del Estado uruguayo por la violencia, las detenciones y el hostigamiento cometidos contra sus integrantes durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985, para saldar una deuda histórica persistente pese a las indemnizaciones otorgadas a más de 200 personas trans.
La demanda resurgió en el marco de las actividades del Mes de la Diversidad. Representantes de la comunidad insistieron en preservar el recuerdo de quienes padecieron privaciones de libertad, agresiones e intimidaciones por su orientación sexual o identidad de género, al enfatizar que la persecución no fue solamente política: también fue moral, sexual y de género.
Según la agencia EFE, el académico Diego Sempol, docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, reafirmó que las instituciones estatales aún deben una manifestación explícita de perdón hacia la totalidad del colectivo.
🏳️🌈 Por una sociedad más inclusiva: hacia un nuevo pacto social contra los discursos de odio.
— Presidencia Uruguay (@compresidencia) September 30, 2026
La @SDHuruguay impulsó un conversatorio que abordó la construcción de la identidad como derecho humano fundamental.
En la actividad, los participantes dialogaron sobre experiencias,… pic.twitter.com/ryl3NSBWbC
Mecanismos de persecución estatal y marco regulatorio
El investigador explicó que el régimen militar convirtió diversas expresiones de discriminación y homofobia en directrices de gobierno, derivando en operativos policiales recurrentes y en un control riguroso sobre el personal de la administración pública.
Entre los atropellos documentados, el régimen destituyó a educadores debido a sexualidades consideradas no acordes con lo esperado y dispuso el arresto sistemático de homosexuales y travestis.
En respuesta a estos antecedentes, la Ley Integral para Personas Trans de 2018 fijó indemnizaciones para las víctimas de dicho periodo. La normativa exige probar que los solicitantes sufrieron detenciones arbitrarias, abusos o restricciones al trabajo, el estudio y la circulación por parte de agentes estatales o terceros amparados por el poder público.
Finalmente, la directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, Josefina González, señaló a EFE que la legislación busca reparar a aquellas personas travestis, trans, que en determinados períodos históricos, como la última dictadura cívico militar, pero también (en) los posteriores años de democracia, sufrió persecución específica, encarcelamiento, detención arbitraria, abuso, tortura, violencia, violación.