La Fiscalía de Estambul clausuró este miércoles la página web y los perfiles en plataformas digitales del medio independiente T24, mediante un requerimiento judicial impulsado por el Ministerio de Justicia, debido a la publicación de 118 artículos vinculados con la promoción de la diversidad sexual.
El diario local Cumhuriyet reportó que la resolución judicial establece la suspensión de las plataformas de T24. En un comunicado oficial remitido a la prensa, la cartera de Justicia precisó: «La Fiscalía de Estambul, en el marco de la investigación Mi familia está segura, ha enviado al juzgado la orden de cortar el acceso al portal de T24, por publicar en el último año 118 piezas con contenido de propaganda LGTBI».
El sitio informativo T24 inició sus operaciones en 2009 y consolidó una audiencia de 1,9 millones de usuarios en la red social X, manteniendo una postura crítica frente a la administración del mandatario Recep Tayyip Erdogan.
Alcance del procedimiento judicial y restricciones digitales
La investigación denominada Mi familia está segura comenzó el pasado 13 de septiembre. Los despachos fiscales dirigen las actuaciones contra agrupaciones y defensores de derechos humanos.
T24 sitesine 'LGBT propagandası' suçlamasıyla erişim engeli kararıhttps://t.co/pNOaN2MQfo
— BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 30, 2026
Sobre los objetivos de esta iniciativa, el ministro de Justicia, Akin Gürlek, sostuvo que la medida busca enfrentar a «personas que facilitan la prostitución», a sospechosos de «producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños» y la supuesta financiación extranjera de «asociaciones LGTBI y que promueven la amoralidad».
Aunque la legalización de la homosexualidad data de 1858 y el ordenamiento jurídico turco permite la modificación de sexo en los registros oficiales previo procedimiento quirúrgico genital, el Ejecutivo aplica limitaciones sistemáticas a las manifestaciones del colectivo aduciendo la resguardo de la estructura familiar tradicional.
El periódico Cumhuriyet señaló que la disposición judicial abarca el bloqueo de 147 cuentas digitales pertenecientes a periodistas, analistas financieros, docentes universitarios, feministas y defensores de derechos, perfiles que acumulan en conjunto más de 2,5 millones de suscriptores.