La presión federal sobre los distritos escolares de Texas en materia de derechos LGBTQ+ sigue creciendo. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación formal contra el Distrito Escolar Independiente de Katy (Katy ISD), en el área metropolitana de Houston, por una política interna que obliga al personal escolar a notificar a los padres cuando un estudiante solicita usar un nombre diferente, pronombres distintos o se identifica como transgénero.
La investigación se basa en posibles violaciones al Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas con financiamiento federal, específicamente bajo la figura de acoso por razón de género.
La política, aprobada en agosto por la junta directiva del distrito con un ajustado voto de 4 a 3 tras cuatro horas de comentarios públicos, también prohíbe enseñar sobre “fluidez de género” y veda a los estudiantes transgénero competir en deportes escolares con el género con el que se identifican. Según reportó el Houston Chronicle, desde su adopción el distrito había notificado a padres al menos 23 veces.
Fue el grupo estudiantil de activismo Students Engaged in Advancing Texas (SEAT) quien presentó la queja formal ante el Departamento de Educación en noviembre. Cameron Samuels, egresado de Katy ISD y miembro de SEAT, celebró la apertura de la investigación. Según reportó el Texas Tribune, Samuels señaló que los miembros de la junta que impulsaron esta política fueron “elegidos únicamente con plataformas para atacar a estudiantes marginados” y que lograron exactamente lo que prometieron: “usar la identidad como arma y descuidar las necesidades educativas de los estudiantes.”
El impacto humano de políticas como esta es documentable. Una investigación de la Universidad de Texas en Austin concluyó que los estudiantes en entornos que afirman su identidad de género reportan 71% menos síntomas de depresión severa, una reducción del 34% en ideación suicida y una disminución del 65% en intentos de suicidio.
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Alastair Parker, estudiante de Cinco Ranch High School e integrante de la Alianza Género-Sexualidad de su escuela, habló en contra de la política ante la junta. Parker, quien es abiertamente un hombre transgénero desde séptimo grado y cuenta con el apoyo de su padre, advirtió que la política pone en riesgo a quienes no tienen esa misma suerte en casa. Desde que entró en vigor, ha visto a compañeros volver a usar sus nombres de nacimiento por miedo a ser expuestos ante padres que no los aceptan.
Johnathan Gooch, de Equality Texas, lo dijo sin rodeos al Texas Tribune: “Cuando los estudiantes depositan su confianza en maestros y administradores, la escuela tiene el deber de preservar esa confianza. Ese deber exige asegurarse de que ninguna revelación ponga a un estudiante en peligro.”
Katy ISD no es el único caso. Carroll ISD en el condado de Tarrant tuvo ocho investigaciones federales abiertas simultáneamente el año pasado tras eliminar protecciones por raza, religión, género y orientación sexual. Keller ISD, también en Tarrant, aprobó una política similar que prohíbe el uso de nombres y pronombres preferidos, lo que provocó una carta de la ACLU de Texas calificando la medida de “profundamente invasiva e ilegal.”
La tendencia es clara: mientras Texas endurece sus políticas contra los jóvenes LGBTQ+, el gobierno federal y los propios estudiantes responden. La pregunta es cuánto daño se hace en el camino.
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