Las recientes declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en las que llamó “aberraciones humanas” a las personas trans, preocupan a activistas de derechos humanos, quienes alertan de “discursos de odio” por parte del Estado que -aseguran- profundizan estigmas en un país ya de por sí conservador y con pocos avances en materia LGTBI.

Recientemente, el fiscal, tras ser preguntado sobre la “agenda internacional que tiene que ver con lo transgénero, con lo transexual y transespecie”, respondió que ha “generado programas” de “combate a estas aberraciones humanas que tienen que ver con la traición moral, la traición espiritual, mental, a tener un camino recto”.

Estas declaraciones levantaron una ola de rechazo por parte de defensores de DDHH, quienes las calificaron como estigmatizantes y discriminatorias y advirtieron de sus consecuencias, entre ellas un mayor estado de “indefensión” de este colectivo en el país, donde hubo, al menos, 137 transfemicidios desde 2008 hasta marzo de 2024, según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

ACLU (quien aportó las bases de datos de 2020 a 2023 para este reportaje) separa las 18 leyes aprobadas en esos estados en algunas categorías.

Entre las que “delimitan el derecho civil” de las personas LGBTQ+, ACLU reúne las iniciativas que buscan garantizar la “seguridad del individuo”, la “decencia” y el “decoro”, y establecen límites sobre el uso del espacio público. Por ejemplo, una ley sancionada en Florida, en 2023, establece que el uso de los baños debe corresponder al sexo asignado al nacer. Esta norma está asociada a la narrativa sin fundamento de que las personas trans suponen un riesgo para la sociedad, que acosan a los niños e intentan que dejen de ser heterosexuales.

Entre las propuestas de leyes que restringen el acceso de las personas LGBTQ+ a la asistencia sanitaria está una del año pasado, en Texas, para prohibir que el poder público ofrezca atención médica a menores de edad para tratamientos o procedimientos relacionados con cuestiones de género. Esta iniciativa se basa en la idea de que hace falta proteger la llamada “familia tradicional”, es decir, aquella formada por un hombre y una mujer que son cisgénero y heterosexuales. Así, los fondos del estado estarían disponibles sólo para núcleos familiares con esta composición.

De las 18 leyes aprobadas en los esos estados analizados, varias tienen impacto directo en los ambientes educativos. Una de ellas, vigente en Florida, establece que las universidades del estado no pueden invertir en actividades que busquen promover la diversidad, la igualdad o la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+.

En el conjunto de nuevas leyes hay unas que minan la libertad de expresión. En Texas, por ejemplo, las performances (de cualquier tipo) que contengan menciones a contenidos sexuales pueden ser tratadas como ofensas criminales si son realizadas delante de personas menores de 18 años. Con el argumento de que van en contra de uno de los pilares más sagrados de la democracia estadounidense, la libertad de expresión, esta y otras leyes del mismo tipo están siendo cuestionadas por organizaciones que defienden los derechos LGBTQ+.

Organizaciones de diversidad sexual en Perú elevaron este viernes su “enérgica protesta” contra el gobierno por un decreto que cataloga la transexualidad como un trastorno mental, siguiendo una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la OMS, el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo. Sin embargo, la clasificación que empleó, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año.

Una fuente del ministerio de Salud, que no quiso revelar si identidad, señaló este viernes a la AFP que de “momento no tiene información” sobre una eventual derogación del decreto.

En un comunicado previo, esa cartera explicó que utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo.